NÚMERO 81. 4 de septiembre de 2025
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INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA Y POLÍTICA
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La cadena forestal-maderera-mueblera sigue afectada por una coyuntura económica compleja. En este contexto difícil para la producción industrial, el Ministerio de Industria de Misiones llevó adelante actividades en San Vicente, Salto Encantado y Aristóbulo del Valle para fortalecer a los sectores mueblero y metalmecánico de esa provincia. En el marco de los programas Fortalecimiento al Sector Metalmecánico, Desarrollo de Proveedores y Misión Diseño, se realizaron recorridas por empresas locales, como Super Colchón, la metalúrgica Ulmat y el aserradero y fábrica de mobiliario Ruff. Con el objetivo de promover inversiones, modernizar procesos productivos y generar empleo, las iniciativas incluyen capacitaciones en torno y soldadura, el fomento de la vinculación entre pymes y grandes empresas del sector mueblero -con más de 25 firmas ya participantes- y la incorporación de diseñadores industriales para impulsar productos innovadores y sostenibles con identidad local.
Esto se da en el marco de la crisis que atraviesa Celulosa Argentina, una de las papeleras más importantes del país, y que afecta directamente al sector forestal. La empresa notificó ante la Comisión Nacional de Valores su ingreso en concurso preventivo de acreedores para reestructurar una deuda superior a USD 128 millones. La firma, controlada por Tapebicuá Investment Company, atraviesa una grave crisis financiera tras registrar pérdidas por $172.634 millones en su balance semestral al 31 de mayo, frente a ganancias por $37.831 millones en el mismo período de 2024. La caída se explica por un retroceso del 44% en ingresos, menores volúmenes de venta, pérdida de competitividad exportadora y la imposibilidad de trasladar costos crecientes a precios.
El deterioro impactó también en sus subsidiarias Fanapel y Forestadora Tapebicuá, esta última con producción paralizada por falta de capital. La compañía informó que, pese a aportes de su principal accionista por US$7,6 millones, no pudo cumplir con sus obligaciones, lo que afectó el acceso al crédito e implicó la detención de la producción en sus plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (PBA). Para revertir la situación, Celulosa contrató a la consultora VALO Columbus, que busca atraer nuevos inversores y socios estratégicos que inyecten capital y permitan recomponer el flujo de trabajo, aunque reconoció que los plazos y el desenlace del proceso aún son inciertos.
| Otro cambio en la política cambiaria |
Desde finales de julio las políticas macroeconómicas agravaron algunos desequilibrios pre-existentes (como la apreciación cambiaria) para iniciar el proceso de elevada inestabilidad en curso. Los bancos, incómodos por los cambios semanales en su regulación (recuerdos de otros gobiernos que también buscaban atender urgencias haciendo uso de la regulación del dinero en custodia del sistema financiero), afrontaron una política monetaria contractiva de encajes forzosos del 53,5% con la consecuente disparada de la tasa de interés. La TAMAR se elevó de 40,25% a 67% (tasa nominal anual): una suba de 26,75 puntos porcentuales. Sólo ese aumento de 26,75 p.p. representa 1,5 veces la inflación acumulada en los primeros seis meses del año.
Aún así, no sirvió para contener la demanda de dólares, que era el efecto buscado por el Gobierno. Como era esperable, la estrategia del gobierno de sostener la apreciación cambiaria no sólo era errada a priori sino que también resultó insuficiente: de punta a punta, entre el 31 de julio de este año y el 2 de septiembre, el dólar bajó apenas 0,5% (de $1.385,56 a $1.378,91). Pero eso fue producto de que bajó a $ 1.311 el 14 de agosto y desde entonces recuperó todo lo apreciado en la quincena previa. El techo de la banda en septiembre es de alrededor de $1480,5.
No obstante, el tipo de cambio real multilateral muestra algo de recuperación. Con una inflación que en agosto habría logrado no subir del 2% por tercer mes consecutivo (en parte por la moderación de la demanda interna en un contexto de actividad estancada), desde enero hasta agosto el peso se devaluó 16% en términos reales. Por eso el tipo de cambio oficial mejoró algo en competitividad respecto del año previo. | Índice de Tipo de Cambio Multilateral. |
Tras pocos meses de sostener un esquema de flotación con bandas cambiarias acordadas con el FMI a través de intervenciones indirectas (dólar futuro, tasas de interés), el Gobierno tomó la decisión de intervenir directamente en el mercado de cambios a través del Tesoro Nacional, utilizando recursos propios depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida inicialmente se estaba desarrollando sin ser anunciada. Ya hacia fines de agosto el billete se ubicaba en torno a $1.385, muy cerca del techo, lo que gatilló ventas encubiertas del Tesoro por aproximadamente USD 300 millones. Esas intervenciones generaron dudas en el mercado financiero, tanto en la credibilidad del programa como en las expectativas de sostenimiento de los niveles actuales del tipo de cambio. Ayer, a menos de una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobierno lo reconoció con el anuncio de que el Tesoro Nacional comenzará a intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) dentro de las bandas cambiarias.
El Gobierno argumenta que las ventas están autorizadas por el FMI bajo la condición de financiarse con “recursos del superávit fiscal” y no con reservas netas del BCRA. Pero también es cierto que cuando se firmó el acuerdo y se dispuso que el Tesoro podría intervenir para evitar una excesiva volatilidad en el mercado cambiario, el FMI estaba pensando en que el Gobierno comprara dólares antes de que tocara el piso de la banda. La negativa del Gobierno a hacerlo, apelando a que recién compraría “cuando tocase el piso”, impidió que se acumularan Reservas Internacionales cuando el tipo de cambio estaba más barato. Por eso esta nueva forma de intervención formalmente no viola el acuerdo con el FMI, pero sin dudas tensiona el vínculo.
La condición impuesta por el FMI establece que la intervención en el MLC sólo podrá realizarse en base a los recursos del superávit fiscal. Es decir, el FMI permite la intervención dentro de las bandas cambiarias siempre que implique la transferencias de ingresos en pesos del gobierno nacional (extraídos de distintos sectores, entre los que se incluyen las empresas y las familias) al resto del mundo, a través de la venta de dólares en el MLC. A esto le agregó que las intervenciones en el MLC no comprometan las reservas netas del BCRA ni impliquen nuevas presiones sobre el endeudamiento público. Es decir, ni deuda ni emisión monetaria: el superávit alcanzado por el ajuste fiscal se destinará a sostener el tipo de cambio en un nivel que (nuevamente) ya no determina el libre mercado.
El problema central radica en el poder de fuego: a fines de agosto el Tesoro disponía de USD 1.680 millones en su cuenta en el BCRA, cifra que se redujo con las ventas de septiembre -aún no informadas oficialmente -. Las reservas internacionales netas del BCRA continúan en terreno negativo, en torno a USD 8.000 millones; y las reservas líquidas se ubican USD 3.300 millones por debajo de la meta revisada con el FMI para diciembre de 2025. Esto implica que, incluso con el aval político del Fondo, la sostenibilidad del esquema de ventas de dólares fiscales es limitada en el tiempo.
Los vencimientos de deuda externa refuerzan esta presión. Entre septiembre y diciembre de 2025, el Tesoro debe afrontar pagos netos por USD 2.500 millones; sumados a lo que ya falta para alcanzar la meta pactada con el FMI, el Gobierno necesita acumular USD 5.800 millones hasta fin de año. Inmediatamente después, en enero de 2026 vencen bonos por USD 4.300 millones: es decir que en los próximos cinco meses el Gobierno necesitará comprar USD 10.100 millones sólo para pagar sus deudas y cumplir la meta con el FMI.
Spoiler alert: requerirá nuevamente un waiver. |
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